Obliga a que los servidores que contengan datos personales recogidos por las administraciones públicas estén alojados en servidores europeos, además de permitir el cierre sin audiencia previa de cualquier servicio de comunicaciones electrónicas -público o privado- en casos de amenazas graves para el orden público, entre otras medidas. El BOE de hoy recoge el Decreto Ley aprobado el pasado viernes, en el último Consejo de Ministros del Gobierno en funciones antes de las elecciones, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. Este título, que entra en vigor mañana, se traduce en la modificación por vía de urgencia -sin pasar por el Congreso- de seis leyes y un Decreto Ley. |